ELVIRO ARANDA

Ahora nos hemos enterado de que su consejero de Sanidad ha firmado un Protocolo para que la Iglesia católica participe en los Comités de Ética de los Hospitales. Dichos Comités están reconocidos en el Decreto 61/2003, que desarrolla las previsiones de la Ley 12/2001 de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid. Su finalidad es asesorar ante los posibles conflictos éticos que se puedan producir en la práctica clínica asistencial, con el objetivo de mejorar la calidad de la asistencia sanitaria y proteger los derechos de los pacientes. Evidentemente, ni emiten informes vinculantes ni sus decisiones suplen las de los profesionales, pero es fácil intuir que cuando un médico reclama la opinión del Comité para una situación difícil, hay muchas posibilidades de que siga sus indicaciones.

Pero la cuestión no es si el informe de los Comités es vinculante o informativo. La cuestión es que dichos Comités éticos son órganos de una administración pública que presta un servicio público y que, por tanto, deben estar constituidos por profesionales y expertos que proyecten su opinión técnica en ciencia, derecho o filosofía y no por personas que tienen como misión extender una moral privada. La cuestión es que en un Estado democrático constitucional y laico como es España, la Comunidad de Madrid han introducido a la Iglesia católica en un órgano público que tiene como misión emitir informes éticos y, evidentemente, los miembros de la Iglesia van a actuar conforme a su conciencia y creencias, que no tienen por qué ser las de un Estado aconfesional.

A doña Esperanza Aguirre habría que recordarle que el padre del liberalismo, John Locke (1689), en la última Carta sobre la Tolerancia decía que “el Estado es una sociedad de hombres, constituida solamente para procurar, preservar y hacer avanzar sus propios intereses de índole civil”. Por eso, para Locke, la competencia del Estado no está en “extenderse de ningún modo a la salvación de las almas, porque Dios nunca ha dado autoridad a ningún hombre sobre otro para obligarle a profesar o compartir los criterios morales de su religión”.

Habría que recordarle a la Sra. Presidenta que son los liberales de toda Europa los que, en su lucha por la tolerancia religiosa, la separación entre Iglesia y Estado y la aconfesionalidad de este último, marcan los hitos del Estado moderno y las libertades de las personas.

Habría que recordarle a Dña Esperanza que, en un Estado democrático, existe una moral pública recogida en la Constitución que reconoce la dignidad de la persona (10.1 CE), los valores de libertad, igualdad y pluralismo, y un amplio catálogo de derechos y libertades que, además de derechos subjetivos de las personas, son criterios axiológicos del sistema y, por tanto, determinan la actuación de los poderes públicos.

No debería olvidar que los poderes públicos han de velar porque esos valores comunes y constitucionales se cumplan y guíen la actuación ética, en este caso las decisiones y el actuar de los profesionales en los hospitales de la red pública sanitaria. La ética privada de la Iglesia está reconocida y protegida, pero en cuanto que forma parte de la libertad de conciencia se debe impartir a las personas que libremente lo soliciten. La Administración debe garantizar los valores públicos, los valores constitucionales y procurar que los individuos en ejercicio de su libertad puedan adscribirse a la iglesia que más les pazca.

Pero claro, lo que pasa es que los miembros del Gobierno de la Comunidad de Madrid no quieren que así sea, o simplemente desconocen lo anterior. Si no, enlazando otro asunto que tiene mucho que ver con lo que estamos debatiendo, ¿qué sentido tiene que el Gobierno de Madrid se oponga a la Educación para la Ciudadanía, que lo que pretende es educar en los valores constitucionales al mismo tiempo que se abre la puerta a la moral de la Iglesia dentro de los órganos públicos? Una cosa lleva a la otra: se ponen piedras en el camino de una asignatura que pretende educar en moral pública, en ciudadanía y derechos fundamentales, y se promociona la moral privada de los católicos.

Doña Esperanza Aguirre, cuando dice que es liberal, lo que quiere decir es que es liberal en lo económico, y que le gustan poco los derechos sociales y el compromiso de los poderes públicos con los servicios que luchan contra la desigualdad y mejoran la vida de los más necesitados. Pero desconoce o se olvida de la esencia del liberalismo: la defensa de la libertad de conciencia del individuo. Nuevamente, como en nuestro siglo XVIII, la derecha política española sigue en lo que toca a la moral y la libertad individual “embozada”, con “capa y espada”, promoviendo motines de Esquilache y muy pegadita a los criterios de la Santa Católica y Apostólica Iglesia Romana.


Elviro Aranda Álvarez es diputado socialista y profesor de Derecho Constitucional